VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN COLOMBIA DURANTE COVID-19: LO QUE NOS DICEN LOS DATOS.
Por: Natalia Gamba
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la violencia intrafamiliar “Es todo acto de violencia física, verbal o psicológica que se comete por uno o más miembros de la familia, contra uno o más miembros de dicha unidad familiar”. Esta situación, de acuerdo a lo manifestado por los mismos datos, afecta de forma muy diferencia a mujeres: tanto en 2017 como en 2018, de acuerdo al Observatorio Colombiano de las Mujeres, perteneciente a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el 76.7% de las personas afectadas por esta situación en el país, fueron mujeres.
Con la situación del aislamiento social obligatorio establecido por el Presidente de la República, Iván Duque, con el fin de limitar la posibilidad de contagio del COVID-19 entre los ciudadanos, la violencia intrafamiliar es uno de los aspectos que se ha acentuado más en este tiempo. De acuerdo con el Observatorio Colombiano para las Mujeres, entre el 25 de marzo y el 14 de mayo de 2020, se registró un aumento del 154% en el número de llamadas a la línea 155 para reportar sucesos relacionados con violencia intrafamiliar, frente al mismo periodo en el año anterior.
De esas llamadas, el 90% fue realizado por casos de violencia contra mujeres. Es decir, 1506 de los 1674 casos en el periodo mencionado. Igualmente, de acuerdo con el Observatorio, 89,3% de los casos recibieron apoyo sobre las rutas de atención a violencias. Cabe mencionar que la línea 155, operada por la Policía Nacional gracias a un convenio que esta entidad tiene con la Consejería para la Equidad de la Mujer, busca orientar y direccionar a las mujeres a la autoridad competente de acuerdo al tipo de violencia y su vínculo con el agresor, para recibir asesoría e información por parte de psicólogos y abogados formados en género.
Una proporción similar se evidencia en los datos de la línea de emergencias 123, de alcance nacional. De acuerdo a esta información, en el periodo mencionado durante 2020 se registraron 1448 llamadas sobre violencia de pareja, un incremento del 139% en comparación con las 605 llamadas recibidas en el mismo periodo en 2019.
Sin embargo, dentro del mismo gobierno otros datos llamativos y que parecen contrarios. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo a su Observatorio de Violencia, reporta que las violencias fatales y no fatales por violencia de pareja (es decir, muertos y heridos por esta causa) en el periodo del 25 de marzo al 12 de mayo de 2020, han bajado en un 77% para mujeres y en un 71% para hombres, en comparación con el mismo periodo en 2019.
Por tanto, vale la pena preguntarse ¿Qué podría estar pasando para que las llamadas hayan aumentado, pero las víctimas identificadas por Medicina Legal ni siquiera se mantengan estables, sino que hayan disminuido?
En primer lugar, habría que recordar lo mencionado anteriormente. La línea 155 es meramente orientativa, es decir, que la mujer en situación de violencia debería actuar con base a unas recomendaciones emitidas desde esta línea, pero no realiza el proceso por la mujer. Teniendo en cuenta que a la mayoría de los casos se les brindó información sobre la ruta de atención a violencias, sería también pertinente conocer cuál es esa ruta.
De acuerdo con la información encontrada en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, en la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Medellín, se establece que la ruta de atención a la violencia intrafamiliar (en donde está incluida la violencia de pareja) inicia desde la entidad que recibe el caso, por lo que no hay un único punto de partida. Puede hablarse de 5 tipos de entidades relacionadas con el tema:
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Instituciones que identifican los casos, tales como instituciones educativas, centros de salud, líneas de emergencia, o la Policía Nacional.
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Instituciones que reciben las denuncias, tales como las Comisarías de Familia, la Fiscalía, y las estaciones de policía.
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Instituciones a cargo de brindar medidas de protección, dentro de las que se encuentran la fiscalía, las secretarías de la mujer, los jueces de control de garantías y las Comisarías de Familia.
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Instituciones que dan acceso a la justicia, lideradas por la Fiscalía, y apoyadas por Medicina Legal (cuando se solicitan exámenes probatorios de la situación de violencia).
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Entidades de atención en salud y apoyo psicosocial.
Teniendo en cuenta lo anterior, los casos que se registran de Medicina Legal son aquellos que ya pasaron por una fase de denuncia oficial; es decir, que la muestra de registros de las que tiene conocimiento Medicina Legal es mucho menor al universo de los casos de violencia que se pueden registrar. Sin embargo, mientras que en 2019 el número de víctimas identificadas es dos veces mayor que las llamadas a la línea 155, en 2020 esta relación se invierte: las víctimas identificadas por Medicina Legal son 3 veces menos que las llamadas al 155.
Si en 2019 las víctimas identificadas son muchas más que las llamadas de orientación, significa que el cambio en 2020 no es por desconocimiento de las rutas o de las entidades que pueden brindar atención en los casos de violencia hacia mujeres en el entorno familiar, sino por las capacidades de las entidades y las limitaciones de las mujeres víctimas para acceder a dichas instituciones. A pesar que las entidades públicas sigan brindando su atención ya sea de forma presencial en sus oficinas o desde el trabajo en casa, el tiempo que requeriría asistir a las entidades o hacer llamadas telefónicas sería mayor al tiempo en periodos pre-pandemia, lo cual alertaría de inmediato a los agresores.
Por tanto, las entidades públicas con responsabilidades en la ruta de la violencia deben buscar aumentar sus capacidades no solo en personal para atender a más mujeres y casos de violencia, sino en la disminución de los tiempos de atención por persona; así como realizar alianzas con sectores económicos que estén atendiendo en épocas de pandemia por ser considerados de primera necesidad, tales como supermercados o droguerías.
La alianza establecida entre la Secretaría de la Mujer de Bogotá con establecimientos comerciales tales como la cadena de Farmatodo, D1, Justo y Bueno y ARA para facilitar el reporte de casos de violencia intrafamiliar hacia las mujeres es un buen ejemplo que podría ser replicado a otras cadenas en este sector, y a nivel nacional.
